Santo Domingo, 10 ene- Las estadísticas sobre el reglón financiero de cooperativas en República Dominicana son imprecisas. Lo seguro es que ese modelo de ahorro y financiamiento se fortalece en comunidades urbanas y rurales, aportando al crecimiento económico. Sin embargo, la falta de regulación impide una mayor inclusión financiera y constituye una brecha para el lavado de activos.
Para 2016, en el país habían registradas 860 entidades mutualistas y ya para el 2020 habían 1,162. Para ese año se registraron 302 entidades adicionales, de las cuales se desconoce su estatus, indica el plan estratégico para el periodo 2021-2025 del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
El documento destaca que en el país hace falta un censo para determinar la cantidad de cooperativas existentes, su flujo de operaciones y cantidad de personas asociadas. Contar con información detallada de las actividades del sector es determinante para potenciar su nivel de alcance, resalta la entidad.
Sin embargo, el Instituto de Desarrollo y Crédito desarrolla una estrategia para aumentar el cooperativismo a nivel nacional.
La entidad aprobó en tiempo récord 808 nuevas entidades, de agosto de 2020 a febrero de 2022, según el último reporte estadístico publicado en su página web, en el que resaltan la meta de incentivar la formación de más de 2,000 cooperativas en cuatro años.
A pesar de que el Idecoop registraba 1,162 entidades en el 2020, para el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac), José Rodríguez, en el país hay aproximadamente 350 cooperativas activas –reportando sus actividades–, de las cuales cerca del 95 % son de ahorro y crédito.
Explicó que el mayor desempeño del sector cooperativas se registra en las zonas nordeste y este del país, donde la banca tradicional tiene menor alcance, constituyéndose en la “esperanza” de los sectores productivos de las zonas rurales.
“Las cooperativas tienen mayor impacto en el noroeste, donde nacieron las mayores cooperativas del país: La Sierra, San José de las Matas, Mao, Santiago, Montecristi, Dajabón, Esperanza y Loma de Cabrera”, detalló el ejecutivo.
Para explicar la importancia de las cooperativas en las zonas de menor desarrollo económico, Rodríguez indicó que la mayoría de esas organizaciones se iniciaron en municipios donde se realiza algún tipo de actividad productiva como la agropecuaria y la artesanía.
En ese orden, explicó que una de las razones por las que el Banco Central debería contemplar la regulación de las cooperativas rurales de ahorro y crédito es que, en mayor medida, sus socios requieren de una cuenta para recibir los flujos de sus ahorros y, como cooperativas, no están autorizadas para emitir productos de servicios múltiples.
“Nosotros operamos en la clandestinidad”, lo que dificulta la inclusión financiera de personas que aportan a la economía y al desarrollo comunitario, reconoció.
